La principal irregularidad señalada es que Eapsa habría actuado como intermediaria, subcontratando a la firma Civacom Ingeniería SAS por 6.200 millones, lo que, según expertos, podría ser una maniobra para eludir la licitación pública exigida por la Ley 80. Ante las denuncias, la Contraloría de Bucaramanga inició una actuación especial de fiscalización para verificar la legalidad del proceso y determinar si existe un detrimento patrimonial. Paralelamente, la Procuraduría Provincial abrió una indagación preliminar.

El alcalde actual, Javier Sarmiento, fue quien alertó a los organismos de control y ordenó una investigación interna, mientras que el exalcalde encargado, Eduar Sánchez, bajo cuya administración se firmó el contrato, se desmarcó de la decisión afirmando que el convenio “Nunca pasó por mi despacho”.