Esta postura fue respaldada por un concepto de la Procuraduría, que advirtió que las gobernaciones no están facultadas para explotar peajes directamente, sino solo para autorizar concesiones.

Tras una reunión con líderes comunitarios, el gobernador Juvenal Díaz Mateus acordó acoger la decisión judicial sobre una medida cautelar que podría definir el futuro del cobro. “Si los magistrados la aplican, nos estarían diciendo que el peaje no sería legal ni legítimo. Si no la aplican, se puede reinstalar de inmediato”, afirmó el mandatario. La administración departamental sostiene que, a diferencia de las décadas de gestión privada con escasas obras visibles, desde que asumió el control ha realizado intervenciones de mantenimiento, pero estas se han visto paralizadas por la falta de recursos debido a la protesta. La comunidad, por su parte, cuestiona el destino de más de $226.000 millones recaudados durante 20 años de concesión sin que se realizaran las obras prometidas.