La controversia ha salpicado a la administración municipal y al exalcalde encargado, Eduard Sánchez. El Contrato Interadministrativo 255, suscrito el 20 de octubre de 2025 por la Secretaría de Infraestructura con la Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta (Eapsa), se encuentra en el centro de la polémica. Consultores como Jesús Rodrigo Fernández han señalado que esta figura contractual permitió adjudicar de manera directa un proceso que, por su monto, debería haber sido una licitación pública, eludiendo así la Ley 80. La controversia se agudizó al conocerse que Eapsa subcontrató a la firma local Civacom Ingeniería SAS por $6.200 millones, lo que sugiere que actuó como intermediaria, generando un costo adicional de aproximadamente $700 millones para el municipio. El concejal José David Cavanzo alertó sobre el drástico aumento del costo, comparando los $7.000 millones de 2025 con los $2.514 millones gastados en 2023 por un objeto contractual similar.

Ante las denuncias, la Contraloría Municipal abrió una actuación especial de fiscalización para verificar la legalidad del contrato y la posible existencia de un detrimento patrimonial.

Por su parte, el exalcalde encargado, Eduar Sánchez, bajo cuya administración se firmó el convenio, se defendió afirmando que el proceso “nunca pasó por mi despacho” para su visto bueno. El actual alcalde, Javier Sarmiento, ordenó una investigación interna y expresó su preocupación por un posible retraso en el encendido de las luces.