A pesar del millonario adicional, el proyecto presentó constantes retrasos y, según las investigaciones, los recursos se habrían destinado a obras locativas sin las especificaciones técnicas requeridas.

La comunidad educativa ha rechazado la calidad de las intervenciones y se opuso a la demolición del auditorio principal, que supuestamente sería reemplazado por un coliseo que nunca se construyó. Junto a Vargas, quien fue funcionario durante la administración del exalcalde Juan Carlos Cárdenas, también serán imputados Roque Julio Oliveros, supervisor del contrato; Manuel Eduardo Vesga Moreno, representante legal del consorcio contratista; y Pedro Mauricio Beltrán Dulcey y Álvaro Solano Aguilar, vinculados a la interventoría. Una de las pruebas clave es un estudio de granulometría contratado por la Contraloría Municipal con la Universidad Industrial de Santander (UIS), el cual concluyó que la arena instalada en la cancha de fútbol no cumplía con las especificaciones técnicas del contrato, al contener “partículas demasiado gruesas que no deberían estar”. La Fiscalía también investiga una presunta falta de planeación, incluyendo la ejecución de demoliciones no contempladas originalmente que habrían generado sobrecostos.