Conflicto por peaje de la Mesa de los Santos escala a instancia judicial mientras la Gobernación asume operación

La gestión del peaje La Punta, en la vía a la Mesa de los Santos, se ha convertido en un punto de alta tensión entre la comunidad y la Gobernación de Santander, escalando a un debate judicial que definirá su legalidad. Tras semanas de protestas ciudadanas que mantienen las talanqueras levantadas, la administración departamental ha decidido esperar un fallo del Tribunal Administrativo de Santander antes de reinstalar el cobro. La controversia se intensificó después de que la Gobernación, bajo la administración de Juvenal Díaz Mateus, retomara el control directo del peaje en 2024, tras el vencimiento del contrato de concesión con privados que operaron por décadas. La comunidad, a través de la Veeduría Ciudadana Unimesan, interpuso una demanda de nulidad contra la Ordenanza 049 de 2024, que creó una “tasa-peaje” permitiendo al departamento administrar el recaudo directamente. Los manifestantes argumentan que el cobro es “ilegal” sin un contrato de concesión y denuncian que más de 226.000 millones de pesos recaudados en dos décadas no se tradujeron en las obras prometidas. La Procuraduría respaldó la suspensión del cobro, advirtiendo que las asambleas departamentales no tienen la facultad de crear peajes, una competencia exclusiva del Congreso. El gobernador Díaz confirmó que acatará la decisión judicial: “Si los magistrados la aplican, nos estarían diciendo que el peaje no sería legal ni legítimo. Si no la aplican, se puede reinstalar de inmediato”. Mientras tanto, la suspensión del recaudo ha generado pérdidas estimadas entre 1.600 y 1.800 millones de pesos, afectando el mantenimiento vial que, según la administración, ahora sí se está ejecutando con maquinaria visible. Para buscar una salida, se han instalado mesas de trabajo con la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, acordando tres mesas técnicas sobre finanzas, administración e inversión que se realizarán entre diciembre y enero.

En resumen

La legalidad del peaje de la Mesa de los Santos está en manos del Tribunal Administrativo, mientras la Gobernación de Santander espera el fallo para decidir si reinstala el cobro. Las protestas ciudadanas han causado pérdidas millonarias, en un conflicto que cuestiona la facultad de la Asamblea para crear peajes y la gestión histórica de los recursos recaudados.

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