Es responsabilidad del Acueducto demostrar técnicamente la obsolescencia en cada caso particular”.

Adicionalmente, se denunciaron fallas en las notificaciones, lo que impidió a los usuarios ejercer su derecho a la defensa, y casos de medidores reparados que fueron cobrados como nuevos. En respuesta, el amb defendió la legalidad del proceso, asegurando que las afirmaciones del concejal “faltan a la verdad, tergiversan la realidad y carecen de sustento técnico y legal”. La empresa sostiene que solo ha recibido 102 derechos de petición formales, de los cuales 11 resultaron en reintegros, desestimando la idea de una devolución masiva. A pesar de la defensa de la empresa, la presión ciudadana y las acciones legales han resultado en la aceptación de cientos de reclamaciones y el inicio de las devoluciones del dinero a los afectados.