La Procuraduría General de la Nación ha formulado pliego de cargos contra la exsecretaria de Cultura y Turismo de Santander, Mery Luz Hernández López, y otras dos exfuncionarias, por presuntas irregularidades en la adjudicación y supervisión de un convenio que superó los 2.000 millones de pesos. La investigación del Ministerio Público se originó a raíz de denuncias persistentes realizadas por el exdiputado Ferley Sierra Jaimes. El órgano de control investiga el Convenio de Asociación n.° 733 de 2022, adjudicado a la organización Funsocial, la cual, según la Procuraduría, no acreditaba la idoneidad ni la experiencia financiera requerida para ejecutar los recursos. A Hernández, junto con la exdirectora técnica Yexica Natalia Ardila Ruiz y la entonces profesional universitaria Carmen Alicia Serpa de Laguado, se les atribuye la presunta elusión de la modalidad de contratación aplicable y la omisión en la verificación de documentos esenciales en la oferta. La investigación se profundizó después de que artistas beneficiarios del convenio denunciaran haber recibido pagos incompletos, con recortes que iban desde 50.000 hasta 500.000 pesos sobre el monto pactado de 4.000.000.
Las denuncias del exdiputado Sierra, presentadas en la Asamblea de Santander, fueron cruciales para iniciar el proceso.
Sierra expuso presuntos sobrecostos, direccionamiento de contratos y la adjudicación a fundaciones sin capacidad operativa, como una que no reportó movimientos financieros por ocho años pero recibió un contrato por más de 2.837 millones.
“¿Es justo que los artistas terminen financiando fundaciones de papel?”, sentenció el entonces diputado.
La Procuraduría calificó las presuntas faltas como gravísimas a título de culpa gravísima y remitió copia del proceso a la Fiscalía Quinta de la Administración Pública para la correspondiente investigación penal.
En resumenLa exsecretaria de Cultura de Santander, Mery Luz Hernández, y dos exfuncionarias enfrentan cargos de la Procuraduría por irregularidades en un convenio de más de $2.000 millones. La investigación, impulsada por denuncias de un exdiputado, señala la presunta adjudicación a una entidad sin idoneidad y pagos incompletos a artistas, lo que podría acarrear sanciones disciplinarias y penales.
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