El concejal Parra calificó la situación como un “negocio irregular”.

Además de la falta de justificación técnica, se denunciaron graves fallas en el proceso de notificación. Muchos ciudadanos no recibieron los avisos de cambio de manera efectiva, lo que les impidió ejercer su derecho a la defensa y presentar recursos dentro de los términos legales. Se documentaron casos en los que se reportaba la entrega de las cartas sin que esto hubiera ocurrido.

Otra irregularidad detectada fue que algunos medidores recién instalados presentaron fallas, fueron reparados y posteriormente asignados a otros usuarios, pero facturados como si fueran equipos completamente nuevos.

Ante el volumen de quejas, que superó las 2.000, el equipo del concejal habilitó una herramienta en su página web para generar reclamaciones automatizadas. Cientos de estas han sido aceptadas por el Acueducto.

Las acciones legales continuarán con denuncias ante la Procuraduría y la Superintendencia de Servicios Públicos.