Muchos usuarios pagaron entre 300.000 pesos y sumas superiores por equipos que no necesitaban ser cambiados.

Además, se reportaron graves deficiencias en las notificaciones, impidiendo que los ciudadanos ejercieran sus derechos de defensa a tiempo.

Se documentó también que algunos medidores recién instalados presentaron fallas, fueron reparados y posteriormente entregados a otros usuarios, pero facturados como si fueran nuevos.

Ante el volumen de quejas, que superó las 2.000, el equipo del concejal implementó un sistema en su página web para generar reclamaciones automatizadas.

Cientos de estas reclamaciones ya han sido aceptadas por la empresa, y los usuarios han comenzado a recibir los reembolsos.

Las acciones legales continuarán con denuncias ante la Procuraduría y la Superintendencia de Servicios Públicos para evitar que estas prácticas se repitan.