Exfuncionarios y líderes locales han denunciado los despidos como arbitrarios, motivando acciones legales.

Ante la polémica, el mandatario solicitó a la Procuraduría un acompañamiento permanente para supervisar su gestión y asegurar que sus decisiones se ajusten a la normativa, argumentando que la Ley de Garantías, según su interpretación, aplicaba solo hasta el 8 de noviembre. Con los nuevos nombramientos, Sarmiento busca proyectar una transición ordenada mientras avanza el proceso electoral que definirá el futuro político de la capital santandereana.