Este hallazgo ha generado un proceso de responsabilidad fiscal y disciplinaria contra las secretarías implicadas.

La investigación, correspondiente a la vigencia 2024, se centró en los convenios de apoyo educativo firmados por la Secretaría de Educación con instituciones como la UNAD y la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Según la contralora municipal, Viviana Marcela Blanco, el equipo auditor encontró que más de 100 beneficiarios de las becas no estaban sisbenizados en Bucaramanga. En su lugar, aparecían afiliados al Sisbén en municipios de otras regiones como Arauca y Cúcuta, o de otras localidades de Santander como Girón, El Playón y San Vicente de Chucurí. “Este tipo de recursos se debe destinar a las personas de Bucaramanga.

Se encontraron estudiantes que no estaban sisbenizados en la ciudad, sino en otros territorios”, explicó la contralora. La entidad de control fiscal señaló como responsables de la supervisión de estos convenios a la Secretaría de Educación, que ordena el gasto, y a la Secretaría de Hacienda, que realiza los giros. En respuesta, el secretario de Hacienda, Reynaldo D’Silva, argumentó que su despacho actuó conforme a las autorizaciones recibidas y sugirió una posible desactualización en los datos del Sisbén. “Puede tratarse de estudiantes que viven en Bucaramanga, pero aún no han actualizado su Sisbén.

Creemos que se debe aclarar la información”, señaló. La Contraloría informó que ya se ha reintegrado parte del dinero y que el proceso fiscal continúa para recuperar la totalidad de los recursos y determinar las responsabilidades definitivas.