La controversia comenzó cuando el mandatario encargado solicitó la renuncia protocolaria a todo su equipo de gobierno. Ante la negativa de varios de ellos a presentarla, Sarmiento procedió a desvincularlos, declarando sus cargos insubsistentes.

Entre los afectados se encuentran secretarios de despacho y otros altos funcionarios. Los despidos han sido duramente cuestionados, con denuncias de que se realizaron en contravía de la Ley de Garantías, que estaría vigente debido a las elecciones atípicas programadas en la ciudad. Sin embargo, el alcalde Sarmiento ha defendido sus decisiones, argumentando que son necesarias para garantizar la transparencia, evaluar los resultados del Plan de Desarrollo y recomponer la administración municipal. En un comunicado emitido desde Bogotá, explicó que su gestión busca "fortalecer la seguridad ciudadana" y asegurar que los "recursos sean manejados con transparencia". Sostuvo además que, según su interpretación, la Ley de Garantías aplicaba solo hasta el 8 de noviembre, lo que daría sustento legal a sus acciones. Ante la magnitud de la polémica y las denuncias por presunto abuso de autoridad, el alcalde solicitó el acompañamiento permanente de la Procuraduría para supervisar su gestión y las medidas administrativas adoptadas. Mientras tanto, el ambiente en la administración municipal es de incertidumbre y tensión.