Los recursos no se han ejecutado, pero el municipio ha pagado millonarios intereses, generando una pérdida para el erario.

El centro de la controversia es un crédito aprobado en 2023 para la construcción, mejoramiento y adecuación de la infraestructura de los colegios Inem Custodio García Rovira, la Institución Educativa de Santander y el Técnico Dámaso Zapata. Según el informe de la contralora Viviana Marcela Blanco, el municipio pagó 9.000 millones de pesos en intereses a diferentes entidades bancarias por dicho préstamo. Paralelamente, los 80.000 millones de pesos fueron depositados en Findeter, donde generaron rendimientos financieros por solo 6.878 millones.

Al cruzar estas cifras, el equipo auditor identificó una diferencia negativa de 2.124 millones, que se configura como el presunto daño fiscal, ya que el dinero público generó una pérdida neta al no ser utilizado para su propósito original. La Secretaría de Infraestructura municipal confirmó que los recursos del empréstito "no se han tocado" y continúan depositados, argumentando que no pueden ser reasignados. La secretaria María del Rosario Torres indicó que la contratación para las obras podría llevarse a cabo el próximo año, sin ofrecer una fecha concreta para el inicio de los trabajos que beneficiarían a miles de estudiantes. La administración municipal ahora deberá responder ante el ente de control por las decisiones financieras adoptadas y justificar por qué se asumió un costo financiero tan alto por un dinero que ha permanecido inactivo.