Al no recibir las dimisiones, el alcalde procedió a declarar insubsistentes a entre 15 y 18 funcionarios de alto nivel.

Esta acción fue inmediatamente cuestionada por los exfuncionarios y líderes locales, quienes argumentan que los despidos son arbitrarios y se realizaron en contravía de la Ley de Garantías, que restringe la modificación de la nómina estatal en periodos preelectorales, como el que vive la ciudad ante las elecciones atípicas programadas. Por su parte, el alcalde Sarmiento ha defendido sus decisiones como necesarias para garantizar la transparencia y el control administrativo.

En un comunicado desde Bogotá, explicó que su gestión busca "fortalecer la seguridad ciudadana" y asegurar que los "recursos [sean] manejados con transparencia". Sostuvo que sus medidas responden a la necesidad de evaluar los resultados del equipo de gobierno frente al Plan de Desarrollo y recomponer la administración. Ante la escalada de la polémica y las acciones legales anunciadas por los despedidos, el mandatario solicitó a la Procuraduría un "acompañamiento permanente" para validar la legalidad de sus actuaciones. La situación ha creado un ambiente de inestabilidad administrativa y un enfrentamiento político que pone a prueba la gobernabilidad en la capital santandereana durante un periodo de transición.