La acción judicial, interpuesta por tres ciudadanos, impugna la Ordenanza Departamental No.

012 del 31 de marzo de 2025, que autorizó el cobro de 580.000 millones de pesos por valorización a predios en Girón y Piedecuesta. Los demandantes argumentan que durante el trámite de la ordenanza no se investigó adecuadamente la capacidad de pago de los propietarios afectados. La admisión de la demanda y el traslado de la solicitud de medida cautelar para suspender el cobro ponen una “pausa jurídica” al principal mecanismo de financiación de la obra. Este revés legal agrava la situación de un proyecto que ya se encuentra paralizado desde hace un año, con un avance de apenas el 17,38%. La importancia estratégica de la obra fue reafirmada por el gobernador Juvenal Díaz Mateus, quien la incluyó en su rendición de cuentas como un reto prioritario, exigiendo además que se construya en doble calzada, lo que elevaría los costos a cerca de un billón de pesos adicionales. Sin embargo, con su financiación principal ahora en entredicho, el futuro del Anillo Vial Externo se vuelve más incierto, dependiendo de la resolución judicial y de la capacidad del gobierno para estructurar fuentes de recursos alternativas.