El ente acusador sostiene que no se ejerció un control adecuado sobre los trámites precontractuales. En un hecho significativo, tanto la Contraloría General de la República como la propia Gobernación de Santander fueron reconocidas como víctimas en el proceso, argumentando que los hechos investigados causaron un detrimento patrimonial al ente territorial. Este juicio convierte a Mauricio Aguilar en el tercer miembro del clan Aguilar en ser llamado a juicio por presuntos actos de corrupción, lo que subraya un patrón de investigaciones judiciales en torno a una de las familias más influyentes de la política santandereana.