Durante la diligencia judicial, tanto la Contraloría General de la República como la propia Gobernación de Santander fueron reconocidas como víctimas en el proceso, al argumentarse que los hechos investigados generaron un detrimento patrimonial al ente territorial. Aguilar, quien ha insistido en su inocencia, enfrenta ahora el inicio formal de un juicio que tendrá importantes repercusiones en el panorama político de Santander.