La acusación se centra en irregularidades contractuales que involucran a la Gobernación y al Canal TRO, marcando un nuevo capítulo en los procesos judiciales contra el clan Aguilar. La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema formuló la acusación contra Aguilar por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros. La investigación de la Fiscalía Delegada se enfoca en dos convenios interadministrativos suscritos con el Canal TRO en 2020 y 2021, por valores de $2.750 millones y $5.843 millones respectivamente, presuntamente para un “plan de medios para mejorar su imagen”. Según el ente acusador, en estos procesos se vulneraron los principios de transparencia, economía y selección objetiva, y no se ejerció un control adecuado.

La Fiscalía sostiene que la entonces secretaria general, Ivonne Marcela Rondón Prada, fue delegada por Aguilar para tramitar dichos convenios. En el proceso judicial, tanto la Contraloría General de la República como la propia Gobernación de Santander fueron reconocidas como víctimas, argumentando que los hechos investigados causaron un detrimento patrimonial al ente territorial.

Por su parte, el exgobernador ha insistido en su inocencia, calificando los señalamientos como una persecución política. Este caso es de alta relevancia regional, ya que Aguilar es el tercer miembro de su influyente familia en ser llamado a juicio y el proceso podría tener un impacto significativo en el panorama político de cara a las elecciones de 2026.