Esta acción permitió la elección de cuatro alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga como integrantes del Consejo Directivo de la CDMB. Sin embargo, esta elección fue posteriormente anulada por el Tribunal Administrativo de Santander, una decisión que más tarde fue ratificada en una instancia superior por el Consejo de Estado. La investigación busca determinar si la actuación de Aguilar Hurtado vulneró los principios de transparencia y legalidad en el manejo de la principal autoridad ambiental del área metropolitana de Bucaramanga. Con la imputación de cargos, el proceso penal contra el exgobernador avanza, y ahora deberá responder ante la justicia por presuntamente haber infringido los procedimientos establecidos por la ley mientras ejercía como máxima autoridad del departamento.