Sin embargo, este proceso fue posteriormente anulado por el Tribunal Administrativo de Santander, una decisión que más tarde fue confirmada en una instancia superior por el Consejo de Estado. La Fiscalía sostiene que el exgobernador habría vulnerado los principios de transparencia y legalidad al no tramitar las recusaciones conforme a los procedimientos establecidos, lo que vició el proceso de elección de la máxima autoridad ambiental del área metropolitana de Bucaramanga. La imputación se realizó formalmente ante el Tribunal Superior de Bogotá, y con ella avanza el proceso penal en contra de Aguilar Hurtado, quien deberá responder ante la justicia por presuntamente haber infringido la ley durante el ejercicio de sus funciones.