Este proceso judicial contra el exgobernador pone de relieve las tensiones y los presuntos vicios que pueden afectar a las corporaciones autónomas regionales, entidades con un papel crucial en el desarrollo sostenible del territorio. La Fiscalía busca establecer la posible responsabilidad penal de Aguilar en estos hechos, que cuestionan la legalidad y la transparencia de su administración en relación con los entes de control ambiental.