La decisión se tomó tras admitir una medida cautelar presentada por uno de los aspirantes, quien argumentó que la Asamblea Departamental impuso requisitos ajenos a la ley y omitió otros exigidos por la normativa vigente. La magistrada Claudia Patricia Peñuela Arce firmó la decisión, concluyendo que la Asamblea se extralimitó en sus funciones al establecer las reglas del concurso público de méritos. Según el demandante, Carlos Guevara, la convocatoria permitía la postulación de personas con experiencia como contratistas, pero no garantizaba el cumplimiento del requisito de dos años en funciones públicas. La suspensión frena el avance del procedimiento hasta que se aclaren las inconsistencias. Este revés judicial se suma a las reclamaciones que varios inscritos presentaron sobre la prueba de conocimientos, realizada el 29 de septiembre por el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.

Los aspirantes denunciaron que el cuestionario no abordó adecuadamente los temas fiscales pertinentes.

En los resultados preliminares de dicha prueba, Ana Milena Beltrán Quiñónez obtuvo la calificación máxima de 100 puntos. La Asamblea de Santander deberá ahora revisar los requisitos, ajustar la convocatoria conforme a la ley y esperar una nueva orden judicial para reanudar un proceso que es clave para la vigilancia de los recursos públicos en el departamento.