Hospital Psiquiátrico San Camilo suspende servicios a Nueva EPS por deuda millonaria

El Hospital Psiquiátrico San Camilo, principal centro público de salud mental del oriente colombiano, suspendió la prestación de servicios de consulta externa y hospitalización a los afiliados de Nueva EPS debido a una deuda acumulada que supera los $12.800 millones. La medida, que solo mantiene activa la atención de urgencias, afecta a cerca de 8.000 pacientes y pone en evidencia la crítica situación financiera de la institución. Según la gerente del hospital, Natalia Sofía Ojeda Ortiz, la decisión se tomó tras agotar todas las vías administrativas y legales, incluyendo derechos de petición y tutelas, sin obtener acuerdos de pago por parte de la EPS. De la cartera total, más de $9.100 millones corresponden a servicios prestados después de la intervención administrativa de Nueva EPS. La situación es insostenible para el hospital, ya que el 48% de sus pacientes pertenecen a dicha entidad, lo que impacta directamente en su capacidad para cubrir la nómina y otros gastos operativos. La institución, que cuenta con 358 camas y una ocupación del 95%, atiende a pacientes de Santander y departamentos vecinos con patologías como esquizofrenia, depresión y trastornos de ansiedad. La suspensión de servicios agrava la presión sobre el sistema de salud mental regional, que ya enfrenta un aumento sostenido de casos. El hospital ha hecho un llamado urgente al Gobierno Nacional, al Ministerio de Salud y a la Superintendencia para que intervengan y garanticen la continuidad de la atención. Por su parte, Nueva EPS comunicó que está reconfigurando su red de prestadores y buscando alternativas para preservar la atención de sus afiliados, aunque el contraste entre sus cifras y la suspensión en San Camilo mantiene en la incertidumbre a miles de familias.

En resumen

La suspensión de servicios del Hospital San Camilo a Nueva EPS por una deuda superior a $12.800 millones genera una grave crisis en la atención de salud mental en Santander, dejando a miles de pacientes sin acceso a tratamientos. La situación refleja la fragilidad financiera del sistema y la necesidad de una intervención gubernamental urgente para evitar un colapso en la prestación de estos servicios esenciales.