Hospital Psiquiátrico San Camilo suspende servicios a Nueva EPS por deuda millonaria
El Hospital Psiquiátrico San Camilo, principal centro público de salud mental del oriente colombiano, suspendió la prestación de servicios de consulta externa y hospitalización a los afiliados de Nueva EPS debido a una deuda acumulada que supera los $12.800 millones. La medida, que solo mantiene activa la atención de urgencias, afecta a cerca de 8.000 pacientes y pone en evidencia la crítica situación financiera de la institución. Según la gerente del hospital, Natalia Sofía Ojeda Ortiz, la decisión se tomó tras agotar todas las vías administrativas y legales, incluyendo derechos de petición y tutelas, sin obtener acuerdos de pago por parte de la EPS. De la cartera total, más de $9.100 millones corresponden a servicios prestados después de la intervención administrativa de Nueva EPS. La situación es insostenible para el hospital, ya que el 48% de sus pacientes pertenecen a dicha entidad, lo que impacta directamente en su capacidad para cubrir la nómina y otros gastos operativos. La institución, que cuenta con 358 camas y una ocupación del 95%, atiende a pacientes de Santander y departamentos vecinos con patologías como esquizofrenia, depresión y trastornos de ansiedad. La suspensión de servicios agrava la presión sobre el sistema de salud mental regional, que ya enfrenta un aumento sostenido de casos. El hospital ha hecho un llamado urgente al Gobierno Nacional, al Ministerio de Salud y a la Superintendencia para que intervengan y garanticen la continuidad de la atención. Por su parte, Nueva EPS comunicó que está reconfigurando su red de prestadores y buscando alternativas para preservar la atención de sus afiliados, aunque el contraste entre sus cifras y la suspensión en San Camilo mantiene en la incertidumbre a miles de familias.



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Carros y motos deberán acatar la restricción por número de placa durante la última semana de noviembre, con corredores estratégicos exentos para garantizar la movilidad.

Autor daescobar Un fallo definitivo del Consejo de Estado ordenó el traslado de un helipuerto y el cierre de otro punto de aterrizaje en Guatapé, Oriente de Antioquia. La decisión judicial confirma que las operaciones de helicópteros turísticos en la zona vulneran derechos colectivos de los habitantes por el exceso de ruido y por funcionar en áreas prohibidas por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). El fallo establece que se estaba afectando el goce de un ambiente sano, la tranquilidad, la intimidad y la seguridad de residentes en múltiples veredas, incluyendo La Piedra, Bonilla, Palestina, El Morro y otras. Lea también: Sobrino de alias “Cuco Vanoy”, ex jefe de las AUC, en estado crítico tras ataque sicarial en Medellín La sentencia impone medidas estrictas a los operadores ) y al municipio: Traslado obligatorio del helipuerto ubicado en el hotel Los Recuerdos en un plazo de seis meses. La nueva ubicación debe cumplir estrictamente con el POT y las normas de ruido. Si el traslado no se concreta en ese plazo, el helipuerto será clausurado de manera definitiva. Otra de las decisiones fue el cierre del aterrizaje conocido como "La Piedra" debe cesar sus operaciones de inmediato debido al impacto sonoro y el deterioro de la tranquilidad. Más información: “La puerta del éxito está cada vez más cerca": la historia de un indígena que aprendió el español gracias a la U Digital de Antioquia Otro de los puntos es la restricción Horaria Temporal: Mientras se cumple el traslado, la operación de helicópteros solo podrá realizarse en un horario restringido, bajo control municipal: de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. Igualmente, se ordenó a la Aeronáutica Civil suspender de inmediato cualquier proceso para otorgar el permiso de construcción del helipuerto "La Piedra". La decisión busca restaurar la tranquilidad de los habitantes, quienes habían denunciado las molestias causadas por el constante sobrevuelo en sus zonas residenciales y turísticas.

Autor daescobar En un operativo de alto impacto en el municipio de Yarumal, Antioquia, Migración Colombia, en coordinación con el Gaula Militar del Ejército Nacional, rescató a 17 menores de edad que hacían parte de la comunidad judía ortodoxa radical conocida como Lev Tahor. La intervención se realizó en un establecimiento hotelero tras recibir alertas sobre la presencia de menores de nacionalidad estadounidense, guatemalteca y canadiense vinculados a esta secta. De las 26 personas identificadas, 17 eran menores de edad, y un dato alarmante es que cinco de ellos tenían una Circular Amarilla vigente de Interpol, emitida para alertar sobre la desaparición de personas y posibles víctimas de delitos graves como trata de personas y secuestro. Las siete familias, que ingresaron al país entre el 22 y 23 de octubre procedentes de Nueva York, Estados Unidos, son investigadas debido a previas alertas de agencias homólogas. Lea también: Sobrino de alias “Cuco Vanoy”, ex jefe de las AUC, en estado crítico tras ataque sicarial en Medellín La comunidad Lev Tahor ha sido señalada internacionalmente por presuntos delitos contra menores de edad en Guatemala y Estados Unidos, incluyendo condenas a algunos de sus líderes por secuestro y explotación sexual infantil. Las autoridades colombianas tienen indicios de que la secta podría estar buscando establecer una nueva colonia en el país para continuar con sus actividades. El procedimiento contó desde el inicio con el acompañamiento del Gaula Militar y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Los menores y los adultos fueron trasladados al Centro Facilitador de Servicios Migratorios de Medellín. Más información: !Adios a los helicópteros turísticos! Consejo de Estado ordenó traslado de helipuerto en Guatapé Los niños, niñas y adolescentes se encuentran en buen estado de salud, y su acompañamiento integral está garantizado con la presencia permanente de defensores de familia y equipos interdisciplinarios del ICBF, incluyendo profesionales en psicología y trabajo social. La Directora General de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, destacó la crucial articulación interinstitucional: "La prioridad absoluta es garantizar la protección de los menores de edad. Por eso actuamos desde un enfoque preventivo, de manera coordinada con el ICBF, la Policía Judicial, el Gaula Militar y la Fiscalía, asegurando un acompañamiento integral que salvaguarde sus derechos y bienestar”. Migración Colombia, en conjunto con el Gaula, el ICBF y la Fiscalía General de la Nación, está trabajando para esclarecer la situación de los menores, descartar que hayan sido víctimas de abuso y verificar cualquier indicio relacionado con trata de personas, mientras evalúan las posibles medidas migratorias aplicables a los adultos.






