Falla de sistema en Tránsito de Bucaramanga desata caos y agresiones a funcionarios

Un fallo generalizado en el software misional de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga (DTB) provocó el colapso de sus servicios y desató la ira de los usuarios, quienes reaccionaron con agresiones físicas y verbales contra los funcionarios. El incidente, que paralizó trámites esenciales durante horas, expuso la vulnerabilidad tecnológica y contractual de la entidad. La mañana del miércoles 1 de octubre se convirtió en un caos en la sede principal de la DTB cuando el software Moviliza, encargado de gestionar todos los trámites, dejó de funcionar. Esto impidió la realización de servicios cruciales como la salida de vehículos de los patios, traspasos, expedición de licencias y pago de impuestos. Fuentes internas de la entidad señalaron que la plataforma venía presentando fallas desde hace dos meses y que la suspensión definitiva del servicio se debió a la falta de pago a la empresa proveedora. La interrupción generó una reacción violenta por parte de decenas de usuarios frustrados, quienes cerraron las puertas de las instalaciones y arremetieron contra el personal. El director de la entidad, Jhair Andrés Manrique Bautista, denunció la gravedad de la situación: “Los usuarios no tuvieron la paciencia correspondiente, tomaron las instalaciones, cerraron las puertas y agredieron a los trabajadores”. Confirmó que una de las agredidas fue su secretaria, “a quien empujaron y le dañaron el celular”.

La situación requirió la intervención de la Policía Metropolitana para restablecer el orden. El servicio técnico logró solucionar la falla hacia el mediodía, pero el incidente dejó una profunda marca.

La Dirección de Tránsito anunció que interpondrá denuncias formales contra los responsables de las agresiones y que buscará soluciones contractuales para evitar futuras crisis tecnológicas.

En resumen

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga vivió una jornada de caos debido a una falla en su sistema informático, presuntamente por falta de pago al proveedor. La paralización de los servicios provocó una reacción violenta de los usuarios, que agredieron a funcionarios, lo que requirió intervención policial y derivará en acciones legales por parte de la entidad.