Los vehículos, con capacidad para 80 pasajeros, están equipados con rampa para personas con movilidad reducida, conexión Wi-Fi y sistemas de videovigilancia.

Sin embargo, el proceso ha sido objeto de polémica, ya que el contrato, por un valor de $2.548 millones, se suscribió de manera directa, sin una licitación pública. John Manuel Delgado Nivia, director del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB), defendió la decisión argumentando que Metrolínea, al ser una Empresa Industrial y Comercial del Estado, está sujeta al derecho privado y a su manual interno de contratación, y que se actuó con celeridad para atender la emergencia. Esta medida se implementa en un contexto crítico para el sistema, que enfrenta deudas superiores a los $600.000 millones y tiene gran parte de su infraestructura vandalizada.