La costosa embarcación permanece subutilizada y atracada, simbolizando una historia de mala planificación, inconsistencias administrativas y falta de voluntad política. Iniciado en 2017 por la Gobernación de Santander, el proyecto buscaba establecer un buque de tres plantas para garantizar la seguridad y regular las actividades turísticas en el embalse. Sin embargo, a pesar de una inversión que duplicó el presupuesto inicial, la embarcación nunca ha entrado en operación plena. El principal obstáculo ha sido la resistencia de la Policía Nacional para recibir y operar el CAI. La institución ha señalado inconsistencias jurídicas sobre sus facultades para ejercer vigilancia fluvial, así como dudas sobre el proceso de donación de la nave por parte de la corporación Corsogamoso y la Gobernación. La falta de un convenio formalizado, pólizas y un presupuesto claro para su mantenimiento, estimado en al menos $30 millones mensuales, ha dejado el proyecto en un limbo. Un habitante de la zona, Víctor Dulcey, denunció que “la embarcación funciona intermitentemente y cuando la usan es para temas privados, temas de turismo, pero nada que ver con la Policía”. A pesar de haber sido 'reinaugurado' en 2022, el CAI Pienta sigue anclado sin cumplir su propósito, mientras la actual administración departamental continúa buscando soluciones jurídicas y financieras para resolver un problema que se ha prolongado por ocho años.