Escándalo de "la doble moral" salpica a la administración Beltrán por contratos con el Gobierno Nacional

Un escándalo bautizado como “la doble moral” ha puesto en tela de juicio la coherencia ética de la recién anulada administración del alcalde Jaime Andrés Beltrán en Bucaramanga. La controversia se centra en la revelación de que varios de sus funcionarios más cercanos, incluida su esposa y gestora social, Paula Andrea Ramírez, recibieron contratos del Gobierno Nacional del presidente Gustavo Petro, al mismo tiempo que mantenían un discurso público de oposición frontal. El caso más notorio es el de Paula Ramírez, quien mientras ejercía como gestora social en Bucaramanga, figuraba como contratista de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en Bogotá, con una asignación mensual cercana a los 8 millones de pesos. El objeto de su contrato, “apoyo en procesos de comunicación estratégica”, requería una presencia activa en la capital del país, lo que genera serias dudas sobre su cumplimiento, dado que su agenda pública se desarrollaba mayoritariamente en Bucaramanga. Este hecho ha levantado sospechas sobre si se trataba de un “contrato de corbata”.

Pero Ramírez no sería la única.

La investigación periodística señala a otros altos funcionarios del círculo de Beltrán, como el secretario del Interior, Luis Alfonso Rueda, con un presunto contrato de 120 millones de pesos con el Ministerio de Defensa, y la directora de Desarrollo Social, Sandra Milena Gómez, vinculada al Departamento para la Prosperidad Social. Estas revelaciones contrastan fuertemente con la narrativa de Beltrán, quien se posicionó como uno de los alcaldes más críticos de Petro, alineándose con sectores conservadores y ganándose el apodo de “el Bukele colombiano”. El analista político Julio Acelas calificó la situación como “una traición a la confianza pública”. Se espera que la Procuraduría y la Contraloría inicien investigaciones para determinar si hubo conflicto de intereses o detrimento patrimonial.

En resumen

La revelación de estos contratos ha generado una fuerte indignación ciudadana y profundiza la crisis de credibilidad de la administración de Jaime Andrés Beltrán. El escándalo de “la doble moral” evidencia una aparente contradicción entre el discurso político de oposición y la obtención de beneficios económicos del gobierno criticado, lo que podría tener consecuencias disciplinarias y fiscales para los implicados.