Esta clarificación es crucial, ya que, según el abogado Carlos Alfaro, especialista en derecho administrativo, podría determinar si Beltrán Martínez queda inhabilitado para participar en una eventual contienda electoral atípica. Mientras el fallo no esté en firme, el alcalde permanece en su cargo, pero la incertidumbre administrativa persiste. La Registraduría Nacional ha manifestado tener la capacidad técnica para organizar nuevos comicios, pero el proceso está detenido hasta que el expediente judicial quede cerrado. Una vez se confirme la decisión, el Tribunal Administrativo de Santander notificará al gobernador Juvenal Díaz Mateus, quien deberá decretar la vacancia absoluta, nombrar un alcalde encargado y convocar a elecciones en un plazo que podría extenderse hasta dos meses. El propio Beltrán Martínez lamentó la situación, indicando que estos procesos legales generan gastos millonarios en elecciones atípicas y provocan un retraso en la ejecución de proyectos vitales para el desarrollo de la ciudad. La situación mantiene a la capital santandereana en un compás de espera, con implicaciones directas en la gobernabilidad y la continuidad de las políticas públicas locales.