El incidente habría ocurrido durante un acto militar en la capital santandereana. Los hechos que motivaron la investigación tuvieron lugar el 13 de mayo de 2025 en la sede de la Segunda División del Ejército en Bucaramanga. Tras el episodio, la oficial víctima de la presunta agresión decidió poner la situación en conocimiento de la Defensoría del Pueblo, entidad que remitió el caso a los organismos competentes. La Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública evaluó la denuncia y concluyó que existían indicios suficientes para iniciar un proceso formal. El objetivo de la investigación es esclarecer la veracidad de los hechos y determinar si la conducta del mayor Rodríguez Lemus constituye una falta disciplinaria. De ser hallado responsable, las sanciones podrían variar desde una suspensión temporal hasta la destitución e inhabilidad para ejercer funciones públicas. En un pronunciamiento oficial, el ente de control reafirmó su "compromiso con la protección de los derechos de las mujeres y la tolerancia cero frente a cualquier manifestación de violencia de género dentro de las instituciones del Estado". El caso ha generado una notable atención mediática, no solo por la gravedad de la acusación, sino también por el alto cargo que ocupaba el investigado, una posición de cercanía y confianza con el jefe de Estado.