El incidente habría ocurrido durante un acto militar en Bucaramanga, generando alta atención pública por el cargo del implicado. Los hechos denunciados por una oficial del Ejército habrían tenido lugar el 13 de mayo de 2025 en la sede de la Segunda División del Ejército en la capital santandereana. Tras el suceso, la víctima acudió a la Defensoría del Pueblo de Bucaramanga, entidad que remitió el caso a los entes competentes. La Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública evaluó los hechos y concluyó que existían indicios suficientes para iniciar un proceso formal, ordenando la práctica de pruebas para esclarecer la veracidad de la denuncia. El objetivo es determinar si la conducta del mayor Rodríguez Lemus constituye una falta disciplinaria, lo que podría acarrear sanciones que van desde la suspensión hasta la destitución e inhabilidad para ejercer funciones públicas.

En un pronunciamiento oficial, el organismo de control reiteró su “compromiso con la protección de los derechos de las mujeres y la tolerancia cero frente a cualquier manifestación de violencia de género dentro de las instituciones del Estado”. Hasta el momento de la publicación, ni el Ejército Nacional ni la Presidencia de la República se habían pronunciado oficialmente sobre el caso.