Vigilancia sobre las Finanzas Públicas: Entre Recaudo Exitoso y Polémica por 'Contrataderos'
La gestión financiera en Santander presenta un panorama de contrastes, con un notable incremento en el recaudo del impuesto vehicular que beneficia directamente a Bucaramanga, mientras crece la controversia por la creación de fondos mixtos o 'contrataderos' que podrían evadir los controles de la contratación pública. Por un lado, la Secretaría de Hacienda departamental reportó cifras muy positivas en la cultura tributaria. Entre 2024 y julio de 2025, el recaudo por impuesto sobre vehículos automotores ascendió a 280.946 millones de pesos, con un parque automotor consolidado de 521.620 vehículos. De esta renta, los municipios reciben el 20%, y Bucaramanga es el más beneficiado, al corresponderle el 40% de dicha porción. Estos recursos son vitales para financiar el Plan de Desarrollo, así como proyectos de seguridad e infraestructura en la capital. Sin embargo, este panorama de éxito fiscal contrasta con la preocupación generada por iniciativas en municipios como Contratación y Socorro para crear fondos mixtos de inversión. Expertos, veedurías y algunos concejales han calificado estas entidades como 'contrataderos', argumentando que son herramientas diseñadas para eludir las normativas de la contratación pública.
El concejal Iván Serrano, del Partido Verde, denunció que el proyecto en Contratación presenta "vicios de procedimiento" y otorga "amplias facultades al alcalde", lo que podría evitar el control político. Se ha señalado que algunos de estos fondos, aunque constituidos en otros municipios, operan en Bucaramanga, y que en Girón el Concejo ya facultó al alcalde para crear una figura similar. Esta situación plantea un desafío para la transparencia y el control en el manejo de los recursos públicos en la región.
En resumenMientras Santander celebra un exitoso recaudo de impuestos que fortalece las finanzas de Bucaramanga, emerge una alerta sobre la proliferación de mecanismos de contratación como los fondos mixtos. Este contraste pone de manifiesto la tensión entre la eficiencia fiscal y la necesidad de garantizar la transparencia y el control en el uso de los recursos públicos.
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