Ante estos hechos, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, declaró que “ningún caso quedará impune" y anunció medidas inmediatas.

“Con la Fuerza Pública coordinamos todas las acciones para dar con el paradero de los responsables. Activamos plan de recompensas y los seguimientos con cámaras de seguridad avanzan”, aseguró el mandatario.

El crimen del taxista provocó la indignación del gremio, que realizó un plantón para exigir justicia. La situación de seguridad se extendió al área metropolitana con el hallazgo de una bandera del Eln en una subestación de energía en Piedecuesta, lo que, sumado a un homicidio atribuido a dicho grupo en Charalá, puso en alerta a las autoridades departamentales. En respuesta, el gobernador Juvenal Díaz, tras un consejo extraordinario de seguridad, anunció un plan de reforzamiento en corredores estratégicos y una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información. La Policía Metropolitana de Bucaramanga y el Ejército desplegaron patrullajes adicionales para garantizar la tranquilidad y contener el accionar de grupos delincuenciales y subversivos en la región.