El primero fue el homicidio de Arley Yaruro Díaz, alias Mario, en zona rural de Charalá, cuyo cuerpo fue hallado con signos de tortura. El crimen fue atribuido por el Ejército de Liberación Nacional (Eln) en un video, alegando que la víctima lideraba una banda de extorsionistas que se hacía pasar por miembros de la guerrilla. En respuesta, el gobernador Juvenal Díaz anunció una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información sobre los responsables. El segundo hecho ocurrió en el área metropolitana de Bucaramanga, donde habitantes de Piedecuesta reportaron la presencia de una bandera del Eln en la subestación de energía de Guatiguará. Aunque el emblema fue retirado de inmediato, generó temor en la comunidad. La Policía Metropolitana de Bucaramanga y el Ejército desplegaron patrullajes en el sector para garantizar la tranquilidad. Tras un consejo extraordinario de seguridad, el secretario del Interior, Óscar Hernández, fue enfático: “Rechazamos todo intento de estas estructuras armadas de asentarse en la región, nuestras instituciones están presentes”. Estas acciones se enmarcan en una estrategia más amplia de la gobernación, que ha destinado parte de los recursos públicos, como los provenientes del impuesto vehicular, a fortalecer la seguridad en el departamento.