Los mandatarios advierten que la obra “no puede frenarse” debido a su importancia para prevenir inundaciones y restaurar los ecosistemas a lo largo de sus 115,5 km, beneficiando a 1,5 millones de habitantes en Atlántico, Bolívar y Sucre. Aunque el concesionario confía en el cumplimiento del Gobierno, el retraso ha generado incertidumbre y ya se proyecta que la fase de construcción comience en 2027, con dos años de demora.