El caso se sustenta en la imputación de cinco delitos: peculado por apropiación, tráfico de influencias de particular, falsedad en documento público, falsedad en documento privado e interés indebido en la celebración de contratos. La Fiscalía justifica la necesidad de la medida privativa de la libertad argumentando que existen riesgos de obstrucción a la justicia. Este proceso avanza de manera paralela a otra causa penal que el exdiputado enfrenta por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, relacionado con ingresos no justificados durante la campaña presidencial de 2022. La defensa de Petro ha refutado la solicitud, señalando que su cliente ha comparecido a todas las diligencias y ha mostrado disposición para colaborar, por lo que consideran que medidas no privativas de la libertad serían más proporcionales.

La decisión final recae en un juez de control de garantías en Barranquilla, y su veredicto tendrá importantes repercusiones políticas tanto a nivel local en el Atlántico como en el ámbito nacional.