Según los informes, este fraude genera una pérdida mensual de aproximadamente 34.000 metros cúbicos de agua potable. Este volumen de agua no facturada no solo representa un detrimento económico para el sistema, sino que también causa una disminución en la presión y continuidad del servicio para los habitantes de Manatí, Candelaria y sus corregimientos, quienes sufren las consecuencias directas de estas prácticas ilegales. La ofensiva contra este delito ha escalado, y las autoridades han comenzado a revelar los nombres de los finqueros y empresas implicadas, como una medida para exponer a los responsables y disuadir a otros de cometer el mismo fraude. Los operativos se mantendrán de forma continua para garantizar la protección de la infraestructura del acueducto y asegurar que el agua potable llegue de manera equitativa a las comunidades que dependen de él.