que supera los $492.381 millones, cifra que con intereses moratorios asciende a cerca de $508.000 millones.

Este aplazamiento se basó en el Decreto 69 de 2025, pero según el gremio, se aplicó sin el mutuo acuerdo entre las partes, una de las condiciones que exige la norma. El concesionario ha cumplido con sus obligaciones contractuales, por lo que la falta de pago compromete la liquidez del proyecto. Si la situación no se resuelve, las actividades esenciales de la preconstrucción, como el dragado de mantenimiento, la protección de orillas y las acciones de restauración ambiental, podrían detenerse a partir del 30 de noviembre de 2025. Esto incrementaría de inmediato el riesgo de inundaciones para más de 1,5 millones de habitantes, además de causar graves daños ambientales por la pérdida de control sobre la sedimentación en la bahía de Cartagena y la ciénaga de la Virgen. La crisis financiera amenaza con una posible liquidación anticipada del contrato, lo que generaría enormes costos para la Nación y dejaría a la región sin una obra vital.