Esta situación pone en evidencia las profundas tensiones políticas que rodean al alma máter y ha generado una parálisis académica.

La designación de Barrios, quien se desempeñaba como secretario de Educación del Atlántico, se realizó con el voto de cinco de los nueve miembros del Consejo Superior, después de que los cuatro restantes, incluidos los delegados del Gobierno Nacional, se retiraran de la sesión argumentando falta de garantías. La controversia se centra en las denuncias de que Barrios no cumpliría con los requisitos de experiencia docente exigidos por el estatuto de la universidad.

Esta situación ha escalado a un enfrentamiento político de alto nivel.

El presidente Gustavo Petro calificó a la universidad como un “caudal clientelista” y pidió una investigación, mientras que el ministro del Interior, Armando Benedetti, expresó su total rechazo a la elección, afirmando que “las universidades no están para que queden en las casas políticas” y advirtiendo sobre posibles acciones legales. Por su parte, el gobernador Eduardo Verano, quien presidió el consejo, defendió la transparencia del proceso.

La comunidad universitaria ha respondido con contundencia: al menos ocho de las diez facultades se declararon en paro indefinido, exigiendo la renuncia del rector electo y de la representante estudiantil.

Las protestas han incluido bloqueos y enfrentamientos, lo que ha llevado a una fuerte presencia policial, denunciada por Benedetti como un posible “abuso de poder”.

El Ministerio de Educación, que ya había advertido sobre las presuntas irregularidades, inició formalmente una investigación sancionatoria para garantizar la transparencia y el respeto a la autonomía universitaria.