Como respuesta, gran parte de la comunidad universitaria, incluyendo al menos ocho facultades, se declaró en cese de actividades y paro indefinido, exigiendo la renuncia del rector electo.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, criticó duramente la elección, afirmando que "no le gusta para nada" y que "las universidades no están para que queden en las casas políticas". Además, Benedetti denunció supuestos abusos de autoridad por parte de la Policía durante las protestas, incluyendo el uso de gases lacrimógenos y sobrevuelos de helicópteros, haciendo un llamado a la Fiscalía y Procuraduría para vigilar la situación. Por su parte, el gobernador Verano defendió la transparencia del proceso y rechazó los actos vandálicos, advirtiendo que "la protesta deja de ser legítima cuando se convierte en destrucción". La crisis mantiene paralizadas las actividades académicas y evidencia un choque entre el poder político local y el Gobierno Nacional por el control de la institución.