Sin embargo, esta versión es contrastada por el demandante, quien asegura que el fallo judicial no se está cumpliendo a cabalidad, sugiriendo que las acciones tomadas son insuficientes.

Esta divergencia de opiniones pone de manifiesto la complejidad de coordinar a múltiples empresas privadas y la dificultad de alcanzar una solución que satisfaga tanto los requerimientos técnicos como las expectativas legales y ciudadanas para lograr una ciudad más ordenada.