En total, se han ejecutado 552 inspecciones en todo el departamento, lo que ha derivado en 71 cierres definitivos y más de 100 preventivos.

Además, la entidad ha presentado 41 denuncias ante la Fiscalía tras detectar prestadores que operaban con registros irregulares o eran inexistentes. La subsecretaria Rosmery Wehedeking explicó que el objetivo es “proteger la vida y la salud de la comunidad”, ya que un establecimiento que no cumple con las condiciones representa un riesgo que debe ser suspendido.

Uno de los operativos más recientes se realizó en Soledad, donde se inspeccionaron 13 IPS, las cuales fueron selladas preventivamente. En lo que va de 2025, se han desarrollado más de 50 operativos en municipios priorizados como Soledad, Baranoa, Santo Tomás y Sabanalarga. Durante las verificaciones, se encontraron establecimientos no registrados en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) y supuestos profesionales sin formación acreditada. La Gobernación reiteró que es la única autoridad competente para otorgar permisos de funcionamiento y ofrece asistencia técnica gratuita a los prestadores para que regularicen su situación y cumplan con los siete estándares obligatorios de habilitación.