Fiscalía imputará nuevos delitos a Nicolás Petro por presunta corrupción en contratos del Atlántico
La situación judicial de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, se complica tras el anuncio de la Fiscalía General de la Nación de añadir dos nuevos delitos a su imputación por presunta corrupción en contratos con la Gobernación del Atlántico. Esta decisión agrava el escenario legal del exdiputado, quien ya enfrenta un proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. A los cargos previamente conocidos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y tráfico de influencias, el ente acusador sumará los delitos de peculado por apropiación y falso testimonio. Según la Fiscalía, existen evidencias que vinculan a Petro Burgos con maniobras para beneficiarse de recursos públicos de la Gobernación y con la entrega de declaraciones falsas durante la investigación. El caso se centra en su gestión como diputado del Atlántico entre 2022 y 2023, periodo en el cual presuntamente habría usado su influencia para direccionar contratos a través de la Fundación Consciencia Social para favorecer a amigos y familiares. La defensa de Petro Burgos, que ha solicitado aplazamientos de la audiencia en múltiples ocasiones, insiste en su inocencia y denuncia una “persecución judicial con fines mediáticos”. Paralelamente, la Procuraduría General de la Nación también profirió pliego de cargos en su contra por presunto incremento patrimonial injustificado. De ser hallado culpable de los cinco delitos, podría enfrentar penas superiores a los 15 años de prisión.



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El Concejo de Medellín realizó la conmemoración de los 350 años desde la instalación del primer Cabildo de la Villa de Nuestra Señora de la Candelaria, acontecimiento registrado el 17 de noviembre de 1675. Durante la ceremonia, la Corporación resaltó la trayectoria institucional y la continuidad de los debates y decisiones que han marcado la […] La noticia Medellín marcó 350 años del Cabildo con ceremonia solemne y reconocimientos al Concejo Distrital se publicó primero en ifm noticias.

Carros y motos deberán acatar la restricción por número de placa durante la última semana de noviembre, con corredores estratégicos exentos para garantizar la movilidad.

Autor daescobar Un fallo definitivo del Consejo de Estado ordenó el traslado de un helipuerto y el cierre de otro punto de aterrizaje en Guatapé, Oriente de Antioquia. La decisión judicial confirma que las operaciones de helicópteros turísticos en la zona vulneran derechos colectivos de los habitantes por el exceso de ruido y por funcionar en áreas prohibidas por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). El fallo establece que se estaba afectando el goce de un ambiente sano, la tranquilidad, la intimidad y la seguridad de residentes en múltiples veredas, incluyendo La Piedra, Bonilla, Palestina, El Morro y otras. Lea también: Sobrino de alias “Cuco Vanoy”, ex jefe de las AUC, en estado crítico tras ataque sicarial en Medellín La sentencia impone medidas estrictas a los operadores ) y al municipio: Traslado obligatorio del helipuerto ubicado en el hotel Los Recuerdos en un plazo de seis meses. La nueva ubicación debe cumplir estrictamente con el POT y las normas de ruido. Si el traslado no se concreta en ese plazo, el helipuerto será clausurado de manera definitiva. Otra de las decisiones fue el cierre del aterrizaje conocido como "La Piedra" debe cesar sus operaciones de inmediato debido al impacto sonoro y el deterioro de la tranquilidad. Más información: “La puerta del éxito está cada vez más cerca": la historia de un indígena que aprendió el español gracias a la U Digital de Antioquia Otro de los puntos es la restricción Horaria Temporal: Mientras se cumple el traslado, la operación de helicópteros solo podrá realizarse en un horario restringido, bajo control municipal: de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. Igualmente, se ordenó a la Aeronáutica Civil suspender de inmediato cualquier proceso para otorgar el permiso de construcción del helipuerto "La Piedra". La decisión busca restaurar la tranquilidad de los habitantes, quienes habían denunciado las molestias causadas por el constante sobrevuelo en sus zonas residenciales y turísticas.

Autor daescobar En un operativo de alto impacto en el municipio de Yarumal, Antioquia, Migración Colombia, en coordinación con el Gaula Militar del Ejército Nacional, rescató a 17 menores de edad que hacían parte de la comunidad judía ortodoxa radical conocida como Lev Tahor. La intervención se realizó en un establecimiento hotelero tras recibir alertas sobre la presencia de menores de nacionalidad estadounidense, guatemalteca y canadiense vinculados a esta secta. De las 26 personas identificadas, 17 eran menores de edad, y un dato alarmante es que cinco de ellos tenían una Circular Amarilla vigente de Interpol, emitida para alertar sobre la desaparición de personas y posibles víctimas de delitos graves como trata de personas y secuestro. Las siete familias, que ingresaron al país entre el 22 y 23 de octubre procedentes de Nueva York, Estados Unidos, son investigadas debido a previas alertas de agencias homólogas. Lea también: Sobrino de alias “Cuco Vanoy”, ex jefe de las AUC, en estado crítico tras ataque sicarial en Medellín La comunidad Lev Tahor ha sido señalada internacionalmente por presuntos delitos contra menores de edad en Guatemala y Estados Unidos, incluyendo condenas a algunos de sus líderes por secuestro y explotación sexual infantil. Las autoridades colombianas tienen indicios de que la secta podría estar buscando establecer una nueva colonia en el país para continuar con sus actividades. El procedimiento contó desde el inicio con el acompañamiento del Gaula Militar y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Los menores y los adultos fueron trasladados al Centro Facilitador de Servicios Migratorios de Medellín. Más información: !Adios a los helicópteros turísticos! Consejo de Estado ordenó traslado de helipuerto en Guatapé Los niños, niñas y adolescentes se encuentran en buen estado de salud, y su acompañamiento integral está garantizado con la presencia permanente de defensores de familia y equipos interdisciplinarios del ICBF, incluyendo profesionales en psicología y trabajo social. La Directora General de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, destacó la crucial articulación interinstitucional: "La prioridad absoluta es garantizar la protección de los menores de edad. Por eso actuamos desde un enfoque preventivo, de manera coordinada con el ICBF, la Policía Judicial, el Gaula Militar y la Fiscalía, asegurando un acompañamiento integral que salvaguarde sus derechos y bienestar”. Migración Colombia, en conjunto con el Gaula, el ICBF y la Fiscalía General de la Nación, está trabajando para esclarecer la situación de los menores, descartar que hayan sido víctimas de abuso y verificar cualquier indicio relacionado con trata de personas, mientras evalúan las posibles medidas migratorias aplicables a los adultos.






