El proceso para elegir al nuevo rector de la Universidad del Atlántico se ha visto empañado por un ambiente de alta tensión, disturbios y una marcada disputa entre poderosas fuerzas políticas de la región y el ámbito nacional. La víspera de la consulta universitaria, programada para el 2 de octubre, estuvo marcada por enfrentamientos entre simpatizantes de campañas rivales, lo que alteró la normalidad académica. La situación escaló a tal punto que el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, hizo un llamado público a la “cordura y respeto” a toda la comunidad académica, invitando a la sensatez y la mesura en el debate de ideas. La contienda ha trascendido el ámbito universitario para convertirse en un pulso de poder entre el clan Char y figuras del gobierno nacional, como el ministro del Interior, Armando Benedetti.
Por la casa Char, se mencionan como candidatos a Leyton Barrios y Danilo Hernández.
Barrios, en particular, ha enfrentado controversias, incluyendo una solicitud de renuncia por parte de un sindicato de la universidad debido a “graves inconsistencias” en su hoja de vida.
Por otro lado, el candidato apoyado por el ministro Benedetti es Wilson Quimbayo, quien tiene vínculos con el clan Torres, aliados del ministro.
La implicación de Benedetti ha sido directa; fue visto en una reunión privada en un hotel de Barranquilla con profesores de la universidad, pidiendo apoyo explícito para Quimbayo. En un movimiento significativo, las cuatro únicas candidatas mujeres habilitadas para la rectoría anunciaron su respaldo conjunto a Wilson Quimbayo, consolidando un bloque de apoyo en torno a su candidatura. Este escenario refleja cómo la elección del máximo directivo de la principal institución de educación superior pública del departamento se ha convertido en un campo de batalla político.
En resumenLas elecciones en la Uniatlántico han dejado de ser un asunto puramente académico para reflejar una intensa lucha de poder político, con acusaciones, alianzas estratégicas y un clima de confrontación que ha requerido la intervención de autoridades gubernamentales.