ADRES suspende pagos a 12 IPS 'fantasmas' en el Atlántico por presunto fraude millonario

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) suspendió los pagos a 23 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) en cuatro departamentos, de las cuales 12 operaban en el Atlántico, por presuntamente facturar servicios sin contar con una infraestructura física real. Esta medida administrativa busca frenar un posible fraude que, en el caso de las IPS del Atlántico y otras regiones, supera los $4.911 millones en reclamaciones, principalmente por atención a víctimas de accidentes de tránsito con vehículos sin SOAT o no identificados. Las investigaciones, resultado de auditorías y visitas físicas contratadas por la ADRES desde 2023, revelaron que las direcciones registradas por estas IPS en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) correspondían a tiendas, casas abandonadas o direcciones inexistentes. La entidad emitió dos resoluciones: la primera suspendió el reconocimiento y pago de reclamaciones ya radicadas por 12 de estas entidades, mientras que la segunda bloqueó de manera indefinida la solicitud de registro de cuentas bancarias para otras 11, impidiéndoles radicar nuevas facturas. Las IPS afectadas tienen un plazo de 10 días hábiles para presentar recursos de reposición. Esta acción se suma a medidas similares tomadas en 2024, cuando la ADRES suspendió pagos a otras 52 IPS por más de $70 mil millones y denunció a 36 de ellas ante la Fiscalía General de la Nación por presunto fraude. La operación evidencia un esfuerzo sistemático por parte de la entidad para combatir la corrupción en el sistema de salud, protegiendo los recursos públicos destinados a la atención de los ciudadanos y asegurando que solo los prestadores de servicios legítimos reciban pagos.

En resumen

La ADRES ha tomado una acción contundente contra el fraude en el sistema de salud al suspender pagos a 23 IPS, 12 de ellas en el Atlántico, que facturaban servicios sin tener infraestructura. Esta medida, que afecta reclamaciones por más de $4.900 millones, protege los recursos públicos y pone de manifiesto la importancia de las auditorías físicas para garantizar la transparencia en el sector.