Desde la rectoría se ha asegurado que este cambio no afectará el calendario académico ni los derechos adquiridos de estudiantes y trabajadores. Sin embargo, el sindicato mayoritario de la universidad ha expresado su preocupación, denunciando que el proyecto se adelanta sin una socialización adecuada y sin garantías laborales claras.

Los trabajadores exigen un diálogo transparente para conocer “el contenido, ni los alcances” de la propuesta. La universidad deberá presentar un estudio socioeconómico de factibilidad al Ministerio de Educación, que evaluará y emitirá un concepto técnico sobre la viabilidad de la transformación.