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Crisis de Air-e: Gremios exigen soluciones y surge propuesta de control local

La crisis financiera y operativa de la empresa de energía Air-e ha escalado, llevando a gremios de la región a interponer acciones legales contra el Gobierno Nacional. Simultáneamente, el alcalde de Barranquilla y el gobernador del Atlántico han propuesto asumir el control de la compañía para solucionar el deficiente servicio y las altas tarifas. La situación de Air-e, a un año de su intervención por la Superintendencia de Servicios Públicos, ha alcanzado un punto crítico. Gremios empresariales de Atlántico, Magdalena y La Guajira, agrupados en una veeduría ciudadana, presentaron una acción de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo del Atlántico para exigir al Gobierno la gestión de recursos que eviten un colapso del sistema. Advierten que la iliquidez de la empresa ha generado una deuda total de 3,6 billones de pesos, de los cuales 1,7 billones se acumularon durante el primer año de intervención. Esta deuda, especialmente con las generadoras de energía, pone en riesgo la estabilidad de todo el sistema eléctrico nacional. En este contexto, el alcalde Alejandro Char y el gobernador Eduardo Verano propusieron formalmente que la Alcaldía y la Gobernación asuman la operación del servicio. Char afirmó tener la experiencia y los recursos necesarios: “Si tenemos que comprarla, tenemos los recursos para comprarla, pero nosotros debemos ser los proveedores del servicio eléctrico del departamento del Atlántico”. La propuesta busca no solo mejorar la calidad del servicio, calificado como “malísimo”, sino también reducir las tarifas “costosísimas” mediante la negociación directa de energía a largo plazo y la inversión en generación propia, como la energía eólica marina. Esta iniciativa se presenta como una solución regional a un problema que, según los mandatarios, la intervención estatal no ha logrado resolver.

En resumen

La crisis de Air-e se encuentra en un punto de inflexión, con una fuerte presión legal del sector privado y una propuesta concreta de gestión pública regional sobre la mesa. La respuesta del Gobierno Nacional será determinante para el futuro del servicio energético en el Caribe colombiano.