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Gremios del Caribe emprenden acciones legales por crisis de Air-e

Gremios empresariales de la región Caribe han interpuesto una acción de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo del Atlántico para exigir soluciones urgentes a la grave crisis financiera de la empresa de energía Air-e. Esta acción legal busca obligar al Gobierno Nacional a gestionar recursos que eviten un colapso del sistema eléctrico en la región. La Veeduría Ciudadana, conformada por los Comités Intergremiales y Cámaras de Comercio de Atlántico, Magdalena y La Guajira, argumenta que la iliquidez de Air-e, intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos hace un año, amenaza la estabilidad de todo el sistema energético nacional. La deuda total de la compañía asciende a 3,6 billones de pesos, de los cuales 1,7 billones se generaron durante el primer año de intervención gubernamental. La situación es especialmente crítica con las generadoras de energía, a las que se les adeuda más de 2,4 billones de pesos, una cifra que casi se triplicó en un año y que pone en riesgo la operación de las plantas térmicas, fundamentales para el suministro del país. Los gremios critican duramente la gestión de la intervención, calificándola como una marcada por la "falta de articulación, eficacia y responsabilidad". La inestabilidad institucional se refleja en el paso de cuatro agentes interventores, tres superintendentes y dos ministros de Minas y Energía en solo doce meses, sin que se haya presentado un plan claro de estabilización o inversión. Advierten que para 2026, Air-e deberá comprar el 70% de su energía en la bolsa, lo que implicará costos más altos que se trasladarán a las tarifas de los más de 1,3 millones de usuarios. La acción judicial se complementa con una tutela ante el Consejo de Estado para acceder a información pública sobre el proceso, en medio de investigaciones de la Procuraduría y la Fiscalía por presuntas irregularidades.

En resumen

La crisis financiera de Air-e ha escalado a un punto crítico, llevando a los gremios del Caribe a tomar acciones legales para forzar una intervención financiera del Gobierno Nacional. La deuda creciente, la gestión inestable y el riesgo inminente de un apagón y alzas tarifarias configuran un panorama de máxima alerta para la región.