Gobernación del Atlántico en el ojo del huracán por millonario préstamo presuntamente destinado a la campaña de Eduardo Verano

La administración del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, enfrenta un grave escándalo tras la denuncia del empresario Anatolio Santos, quien afirma haber prestado 1.650 millones de pesos para la campaña electoral del mandatario. La controversia, que involucra a altos funcionarios actuales y a un exsenador, genera serios cuestionamientos sobre la transparencia en la financiación de la contienda electoral y el posible ingreso de recursos no reportados. Según la denuncia de Santos, quien fue Secretario de Desarrollo Económico del departamento, el préstamo se gestionó en agosto de 2023 y fue desembolsado entre septiembre y octubre de ese año. Afirma que los recursos fueron solicitados por figuras clave de la campaña, entre ellos Pedro Lemus, actual Secretario General de la Gobernación; Óscar Pantoja, Secretario de la Junta de Ciudadela Universitaria; y el exsenador Laureano Acuña. El préstamo, respaldado por un pagaré autenticado, no habría sido saldado y, según Santos, la deuda con intereses asciende a 2.368 millones de pesos. La acusación más delicada es que el entonces candidato Verano conocía “hasta el más mínimo detalle” de la operación. En respuesta, Jorge de Castro Illera, gerente de la campaña, emitió un comunicado negando categóricamente haber recibido recursos de Santos “ni en calidad de préstamo ni en calidad de donación”. Aseguró que las cuentas fueron auditadas por el Partido Liberal y aprobadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), calificando de “falsa y carente de todo” cualquier versión contraria. El caso ha escalado al ámbito judicial, con una demanda civil interpuesta por Santos y una contrademanda por fraude procesal por parte de los deudores, que fue archivada.

En resumen

Un empresario denuncia un préstamo no pagado de $1.650 millones a la campaña del gobernador Verano, implicando a altos funcionarios. Mientras la gerencia de la campaña niega haber recibido los fondos, la denuncia ha escalado a una demanda civil, poniendo en duda la transparencia de la financiación electoral.