La organización criminal ‘Los Costeños’ anunció un cese temporal de homicidios y extorsiones en Barranquilla y el departamento del Atlántico, una medida que busca medir el impacto en la reducción de la criminalidad y que ha generado diversas reacciones entre las autoridades locales y nacionales. El anuncio, coordinado por Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, y el ‘Bloque Resistencia Caribe’, liderado por alias ‘Gonzalo’, establece una tregua desde el 23 de agosto hasta el 30 de septiembre de 2025. Esta decisión fue comunicada formalmente al ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y al director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), en el marco de la política de “paz total” del gobierno de Gustavo Petro. La medida surge en un contexto de alta inseguridad en Barranquilla, donde la extorsión y los homicidios han afectado gravemente a la ciudadanía y al sector comercial.
El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, calificó el anuncio como un “hecho positivo”, mientras que el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que se han establecido contactos y se iniciarán conversaciones con los líderes de estas estructuras, mencionando específicamente a ‘Castor’ y a Digno Palomino.
Este proceso de diálogo también ha implicado cambios en la mediación, con la designación de Camilo Pineda Serge como nuevo enlace territorial en reemplazo del obispo César Narváez. La tregua no solo se limita al Atlántico, ya que la defensa de ‘Castor’ mencionó acercamientos con bandas en Bucaramanga para buscar treguas similares, lo que sugiere un posible modelo de desescalada para otros centros urbanos. Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre los mecanismos de verificación para asegurar el cumplimiento del cese de actividades delictivas.
En resumenEl cese al fuego anunciado por ‘Los Costeños’ representa un desarrollo complejo en la estrategia de seguridad de Barranquilla. Mientras ofrece una potencial disminución de la violencia a corto plazo, plantea desafíos significativos para el Estado en términos de negociación con grupos criminales y la verificación de los acuerdos, en el marco de la política nacional de “paz total”.