Esta situación generó una alarma sanitaria inmediata.

Las autoridades señalaron que la red de distribución había estado sin servicio por más de nueve días y se registraron daños por vandalismo, factores que pudieron incidir en la contaminación. La respuesta de la Gobernación fue inmediata: se exigieron correctivos a la empresa prestadora, se desplazó personal técnico para educación comunitaria y se entregaron tabletas potabilizadoras. Como parte del seguimiento, el 13 de agosto se realizaron nuevos muestreos en cinco puntos de la red. Los resultados de estos análisis fueron concluyentes, arrojando un IRCA del 0.00%, lo que clasifica el agua como “SIN RIESGO” y apta para el consumo humano.

Este desenlace positivo demuestra la efectividad de los mecanismos de vigilancia y control sanitario, aunque subraya la vulnerabilidad de la infraestructura y la importancia de un monitoreo constante para garantizar la salud pública.